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El regulador que vigila la competencia en el mercado español de las telecomunicaciones desde 1997 tiene los días contados. El pasado viernes, el Gobierno anunció un proyecto para integrar su actividad dentro de un nuevo macroorganismo regulador que podría llamarse Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Unos días antes del anuncio, Telefónica entrego al ejecutivo un informe donde sugería estos cambios.

Las decisiones que cada semana toma el consejo de la CMT afectan directamente a los usuarios de conexiones de banda ancha. Su labor, entre otras, es garantizar que existe competencia entre los operadores, vigilando e interviniendo cuando uno de ellos abusa de su posición de dominio, como ha ocurrido en numerosas ocasiones con Telefónica. En los últimos años, coincidiendo con la presidencia de Reinaldo Rodríguez desde 2005 y Bernardo Lorenzo durante el último año, la intervención de la CMT ha sido clave para despejar de obstáculos el camino a los operadores alternativos, lo que ha permitido que la cuota de mercado de Telefónica baje por primera vez del 50%, forzándole a bajar los precios de la conexión ADSL de referencia, que llevaban una década anclados.

Pero la CMT tiene fecha de caducidad, después de que el pasado viernes el Gobierno anunciase un anteproyecto de ley para aglutinar en un mismo organismo a ocho reguladores. Según el Gobierno, esto permitirá ahorrar 4 millones de euros solo en sueldos y dará más seguridad jurídica a las empresas reguladas.

Sin embargo, la periodista Pilar Portero desvela que el documento que fue entregado a los medios de comunicación el pasado viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el gobierno justifica estas medidas, es un resumen que contiene fragmentos extraídos directamente de un informe mucho más extenso que Telefónica entregó al Gobierno el pasado 14 de febrero.